Minoría de edad de Isabel II

Isabel II, de niña (anónimo).

La minoría de edad de Isabel II es el período de la historia contemporánea de España durante el cual Isabel II, a la muerte de su padre Fernando VII, reinó bajo la institución de la regencia de su madre primero, María Cristina de Borbón y del general Baldomero Espartero después, abarcando casi 10 años de su reinado, desde el 29 de septiembre de 1833, fecha de la muerte de Fernando VII, hasta el 10 de octubre de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad el mismo día en que cumplió trece años.

A la muerte de Fernando VII su esposa, María Cristina de Borbón, asumió de inmediato la regencia en nombre de su hija, Isabel II. Parte de la sociedad española estaba expectante ante un posible cambio en el reinado que se iniciaba que incorporase al país los modelos de corte liberal que se desarrollaban en algunas naciones de Europa. La Guerra Carlista y los enfrentamientos entre los liberales moderados y progresistas culminarán con el ascenso a la Jefatura del Estado del general Baldomero Espartero mientras dure la minoría de edad de la futura reina, Isabel II, en un periodo convulso plagado de crisis gubernamentales e inestabilidad social.

La situación en Europa

En Gran Bretaña, Guillermo IV inicia profundas reformas liberales y el Parlamento es el verdadero motor político de la vida del país. Tras la derrota de España en la batalla de Trafalgar, la extensión del que será poco más tarde el Imperio británico inicia su andadura, sobre todo a partir de 1837 con el ascenso al trono de la Reina Victoria. La democracia se asienta en el país como un modelo incuestionado.

En el continente, disuelta la Santa Alianza desde 1830, Francia había derrocado al absolutismo con la caída de Carlos X y establecido una monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe de Orleans, bajo cuyo mandato se impulsa la revolución industrial y la burguesía toma las riendas de la economía nacional.

El absolutismo queda relegado a Prusia, Rusia e Austria, si bien en el primero los impulsos de unificación con la Unión Aduanera de Alemania, alimentados por los liberales, que no cesarán en obtener éxitos parciales en el terreno comercial, abrirán las fronteras y procurarán avances en la nueva sociedad preindustrial.

La Primera Guerra Carlista

El frente en su momento álgido.

La muerte de Fernando VII provoca una serie de levantamientos y la proclamación de Don Carlos como rey. Los alzamientos están liderados por militares absolutistas que habían sido retirados del ejército o incluso procesados. El primero en alzarse es Manuel Martín González, seguido por Verasategui, Santos Ladrón y Zumalacárregui. Se inicia una cruenta guerra civil caracterizada por la escasa localización geográfica, ya que se desarrolla en País Vasco y Navarra y en algunos pequeños focos en Cataluña, Aragón y Valencia.

Los bandos

A grandes rasgos se puede definir esta Primera Guerra Carlista como el medio para decidir la continuidad del Antiguo Régimen o el triunfo del liberalismo. El carlismo defiende el absolutismo. Entre sus filas están la baja nobleza rural, el clero bajo vasco y campesinos vascos y navarros. Los carlistas se unen bajo el grito de "Dios, Patria y Fueros" (la defensa de los Fueros comienza en 1834 por medio de una imposición de la Diputación de Vizcaya a Don Carlos).

Los liberales están liderados por la reina regente María Cristina de Borbón. En un principio son liberales moderados, pero más adelante hay también progresistas. Se pueden considerar liberales las clases medias ilustradas, que tienen que acabar con el Antiguo Régimen.

El desarrollo de la Guerra

Los alzamientos carlistas de 1833 están seguidos por la creación de juntas o gobiernos locales. Cuando Don Carlos vuelve a España en 1834, intenta crear un gobierno con la Administración Central en País Vasco y Navarra que se convertiría en gobierno nacional finalizada la Guerra. Los carlistas utilizaron la guerrilla por su conocimiento del medio rural y porque las ciudades son liberales. La Primera Guerra Carlista es un enfrentamiento campo-ciudad que tiene tres etapas, de dos años cada una:

Álbum de las tropas carlistas del norte.
  • 1ª etapa (1833-1835): es dominada por Zumalacárregui, carlista. El ejército liberal es mermado por la guerrilla, lo que obliga a María Cristina a llamar a filas a los progresistas. Don Carlos se plantea en 1835 el asalto de Bilbao, pero Zumalacárregui no apoya este plan porque sabe que la artillería carlista no aguantaría un asedio. Al final el asalto es un fracaso y Zumalacárregui muere.
  • 2ª etapa (1835-1837): Zumalacárregui es sustituido por Cabrera. Ambos bandos optan por el control. Luis Fernández de Córdoba, liberal, intenta crear una línea de contención para aislar a los carlistas, pero esta línea obligaría a cubrir más de 500 km, una zona demasiado extensa. Los carlistas intentan aliviar la presión en País Vasco y Navarra con operaciones en Cataluña y Aragón, aunque no lo consiguen y el resto de la Guerra sólo se libra en País Vasco y Navarra.
  • 3ª etapa (1837-1839): desde 1837 la Guerra ya está prácticamente decidida a favor de los liberales. Dentro del bando carlista surge una división entre los que optan por rendirse y firmar la paz; y los intransigentes que quieren seguir luchando. Al final el general Maroto acuerda con los liberales el Convenio de Vergara en agosto de 1839, lo que pone fin a la Guerra, aunque Don Carlos seguiría luchando unos meses más. Además de la paz, el acuerdo asegura la continuidad de los Fueros y permite la integración de los militares carlistas en el ejército regular real.

El personaje más favorecido es el general Espartero, conocido tras su victoria en la batalla de Luchana como el "Espadón de Luchana". Consigue una gran presencia política y social y un título nobiliario que le convierte en Grande de España, y era Duque de la Victoria. María Cristina reina hasta 1843, año en que la princesa Isabel es nombrada mayor de edad y empieza a reinar con trece años.

La regencia de María Cristina

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López.

La controversia de la sucesión

Artículo relacionado: Pragmática Sanción de 1830

En 1789 Carlos IV había restablecido el orden sucesorio tradicional castellano de las Partidas, que permitía a las mujeres reinar si no tenían un hermano varón, mediante una Pragmática Sanción que no llegó a promulgarse, hasta que el 29 de marzo de 1830 lo hizo su hijo Fernando VII, mediante la Pragmática Sanción de 1830 -éste acababa de casarse con María Cristina de Borbón y quería asegurarse que si tenía descendencia, varón o hembra, éste le sucedería-. De esa forma Carlos María Isidro, hermano de Fernando, quedaba relegado en la sucesión al trono de España. Pero Carlos no reconoció la nueva ley y cuando murió su hermano se autoproclamó Rey de España el 1 de octubre de 1833 con el nombre de Carlos V; contaba con el apoyo expreso de la corona portuguesa, entonces en manos de D. Miguel I, y el silencio cómplice de Austria, Prusia y Rusia. Las tropas españolas invadieron Portugal en un intento de castigar el apoyo al carlismo pero con la mediación de Inglaterra, Carlos se exilió a Gran Bretaña, de donde escaparía en 1834 para presentarse entre Navarra y el País Vasco y acaudillar la Guerra Carlista.

La transición hacia un régimen representativo: el Estatuto Real

Francisco Martínez de la Rosa en un cuadro conservado en el Ateneo de Madrid.

María Cristina confirmó como Presidente del Consejo de Ministros a Francisco Cea Bermúdez, absolutista "reformista", que inició tímidas reformas administrativas entre las que destacó una nueva división de España en provincias, promovida por el Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, destinada a mejorar la administración que, con algunos retoques, se mantiene en la actualidad. A los pocos meses la regente cesó a Cea Bermúdez y nombró en su lugar a Martínez de la Rosa, un liberal moderado que había retornado del exilio.

El nuevo gobierno promulgó el Estatuto Real en 1834, una especia de carta otorgada, que intentaba contentar a los liberales moderados y seguidores del Antiguo Régimen, pero que no satisfizo a ninguno. En la práctica el Estatuto daba a la Corona un gran margen de actuación, pues nombraba directamente al Estamento de Próceres de las Cortes y el resto, el Estamento de Procuradores, eran elegidos sólo por los más ricos -unas 16.000 personas-. El Estatuto Real establece que las Cortes voten impuestos pero no les da la iniciativa legislativa sin el apoyo de la Corona, que tiene además el poder ejecutivo. Sin embargo, los progresistas utilizaron los resquicios legales del Estatuto Real presionar a favor de un cambio más profundo, lo que se favorecido por los malos resultados de los cristinos en los primeros años de la Guerra Carlista, y lo que obliga a María Cristina a hacer concesiones. Así en junio de 1835 Martínez de la Rosa dimite y da paso a un gobierno más liberal presido por el Conde de Toreno.

La Revolución Liberal (1835-1837): los progresistas en el poder y la Constitución de 1837

Durante el verano de 1835 estallan revueltas progresistas en muchas ciudades donde se forman "juntas revolucionarias", como en 1808 y en 1820, que obligan a la rengente a nombrar un gobierno progresista, a cargo de Juan Álvarez Mendizábal, que inicia rápidamente una serie de reformas que llevarían a España a convertirse en un Estado Liberal. El primer objetivo de Mendizábal era conseguir dinero para aumentar los efectivos militares de los liberales y para saldar la deuda pública que el Estado había contraído con los que habían invertido en el Estado. La solución de Mendizábal fue la desamortización de los bienes del clero regular y su venta. Pero el programa de Mendizábal iba mucho más lejos pues pretendía hacer de España un país liberal, económica y políticamente hablando, para lo que se tendrían que dar los siguientes pasos: la eliminación del régimen señorial, la desvinculación de las tierras (acabar con el mayorazgo), y la desamortización eclesiástica y civil. Entonces se podría realizar la revolución agrícola, con un aumento de rendimiento que produciría excedente para invertir en la industria.

La desamortización se inicia con un decreto de febrero de 1836, el Decreto de Extinción de Regulares, que establece la eliminación universal de las órdenes masculinas del clero regular. Sólo se salvan los colegios de misioneros y las órdenes hospitalarias. Con respecto al clero regular femenino, se decreta la supresión de conventos y, en algunos, se fija una comunidad máxima de veinte monjas. Además se prohíbe la coexistencia de dos conventos de la misma orden dentro del mismo núcleo de población; y también se prohíbe admitir novicias y que los hermanos sean sacerdotes. Los que eran sacerdotes son ahora párrocos del clero secular, y a los hermanos legos se les deja en la sociedad civil, sin compensación. Todas las posesiones de las órdenes eliminadas y reformadas pasan a ser bienes nacionales. El segundo decreto, de marzo de 1836, es el Decreto de venta de bienes nacionales. Mendizábal argumenta que resuelve el problema de la Hacienda salvando deuda pública; justifica una reforma socioeconómica basada en el libre mercado, fomentando el interés individual; y dice que esta venta de bienes crearía un grupo amplio de apoyo a la causa isabelina.

Toda esta acción reformadora va acompañada de una serie de leyes que aseguran el libre mercado. Para ello, se da libertad en la forma de explotación de la tierra y libre circulación de bienes agropecuarios e industriales; se eliminan los derechos de la Mesta, entre los que se encuentran el de libre paso y libre pasto; se dan permisos para vallar explotaciones agrícolas; se da libertad en los contratos de arrendamiento sobre tierras; se dan libertad de almacenamiento y precio (controlado sólo por oferta y demanda).

El alzamiento carlista marcará todo el periodo de las regencias y dificultará la tarea de los gobiernos liberales. Dibujo del paso del Infante Don Carlos por Navarra en 1833.

Entre las medidas que pretendía llevar a cabo Mendizábal también se encontraba una amplia remodelación del ejército, que incluía como primer paso un cambio en los altos mandos, muy vinculados a los sectores más reaccionarios. Aunque los efectivos militares aumentaron a 75.000 nuevos hombres y se destinó a la Guerra Carlista una mayor aportación de 20 millones de pesetas, la reordenación no gustó a la Regente, quien a causa de ella perdía autoridad en las fuerzas armadas. Destituido Mendizábal tras una campaña de desprestigio, fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros Francisco Javier de Istúriz, un progresista que había regresado del exilio y había evolucionado hacia posiciones mucho más moderadas y contrarias al proceso de desamortización, colocándose como hombre de la camarilla de la Regente. Tras disolver las Cortes en busca de unas nuevas que le legitimaran y apoyasen una constitución distinta del Estatuto Real, aún más conservadora, sus deseos se vieron abruptamente interrumpidos por el Motín de la Granja de San Ildefonso que pretendía y obtuvo que la Regente restituyera la Constitución de 1812 y derogase el Estatuto. Istúriz cesó el 14 de agosto de 1836, apenas tres meses después de su nombramiento.

El nuevo Presidente del Gobierno fue José María Calatrava, que nombró Ministro de Hacienda a Mendizábal, en una línea continuista. Éste aprovechó para concluir el proceso desamortizador y la supresión de los diezmos. Calatrava impulsó una política social que le permitió aprobar una ley que reguló y reconoció la libertad de imprenta. Pero la labor más importante fue la adecuación de la Constitución de 1812 a la nueva realidad en la que se había comprometido por Real Decreto la Regente durante el Motín de la Granja, con la aprobación de la Constitución de 1837.

Constitución española de 1837.

Así el gobierno de Calatrava convocó elecciones a Cortes extraordinarias constituyentes, ante las que se presentaron dos opciones: reformar la Constitución de 1812 o crear una nueva. Esto daría lugar a la Constitución de 1837, que conllevaría un nuevo sistema político hasta 1844. En ella los progresistas, a pesar de que contaban con la mayoría en las Cortes, dieron satisfacción a la mayor parte de las aspiraciones de los moderados, partidarios de una monarquía constitucional de carácter liberal doctrinario: el papel ejecutivo de la Corona es reforzado e incluso aumentado; sólo se menciona la soberanía nacional en el preámbulo pero no en el articulado, como ocurría en la Constitución de 1812; se establecen unas Cortes bicamerales con un Senado, designado por la reina, y con una Cámara Baja, elegida por sufragio censitario; la Corona puede disolver las Cortes, en las que actúa como moderadora, y vetar las leyes.

Las razones que llevan a los progresistas a hacer esta constitución han dado lugar a un debate en la historiografía. Una de las ideas más seguidas es que los progresistas, con todo el poder, rompen el exclusivismo político entre progresistas y moderados, crean una constitución transaccional, para que tenga cabida la Corona. Esta teoría considera la Constitución de 1837 como el precedente de la canovista de 1876. Es seguida por Suanzes-Carpeña y Miguel de Artola. Otra idea de algunos historiadores es que el exclusivismo es accidental, y que los progresistas no se atrevieron a plantear otro sistema que fuera distinto a la monarquía constitucional. No pensaron ni en monarquía parlamentaria ni en república. Esta segunda idea es defendida por Javier Tusell. Otra tercera propuesta dice que en el fondo el partido moderado y el progresista defienden lo mismo, son iguales, y que lo único que les diferencia es el ritmo de las reformas. En cuanto al modelo social que defienden, es una España mesocrática, de propietarios capitalistas y libre mercado.

Al margen de este debate sobre la Constitución de 1837, el gran problema del liberalismo es el atraso económico del país, por lo que la clase media es muy débil. El liberalismo tiene enemigos por la derecha, los absolutistas; y por la izquierda, los partidarios de una revolución social. Mientras tanto, lo único que interesa a los liberales es mantener lo que han conseguido. Progresistas y moderados saben que el orden no se puede mantener sobre un parlamento inseguro con muchas alternancias, por lo que optan por fortalecer el poder ejecutivo, lo que ofrece dos posibilidades: un régimen autoritario en manos de un militar o fortalecer la Corona. Dentro de la segunda opción los progresistas contemplan una monarquía con todos los poderes, pero quieren como rey a alguien a quien poder controlar.

Aunque en principio se trataba de reformar la Constitución de 1812, la de 1837 fue una Constitución completamente nueva, elaborada sobre la base de un cierto consenso que procuraba superar la discusión entre progresistas y moderados respecto a la cuestión de la soberanía nacional. El texto, muy corto, reconoció el poder legislativo a las Cortes —en un sistema bicameral con el Congreso de los Diputados y el Senado— junto al Rey, a quien correspondían las prerrogativas propias del Jefe del Estado y del poder ejecutivo, y que delegó más tarde en la Presidencia del Consejo de ministros, pero reservándose gran capacidad de maniobra, como la disolución de las Cámaras. El texto amparaba la libertad de imprenta, entre otros derechos individuales.

El "trienio moderado" (1837-1840)

El Infante Don Carlos.

En el verano de 1837 los carlistas llegaron a las puertas de Madrid, con el pretendiente Carlos María Isidro en persona al frente de la Expedición Real. El general Baldomero Espartero fue el encargado de dirigir a las tropas fieles a la Regente que obligaron a las tropas carlistas y al regente a volver a sus bases del País Vasco y Navarra.

Bien fuera por la ofensiva carlista o por la propia debilidad de los partidos políticos o por ambos fenómenos, la sucesión de Calatrava llevó a la Presidencia del Consejo de Ministros a tres hombres del ala más moderada del liberalismo en menos de un año.

El primero fue Eusebio Bardají Azara, que accedió tras la renuncia al cargo de Espartero, quien prefirió seguir la campaña militar, y obtuvo aún más prestigio al bajar de Navarra con sus hombres para defender la capital de las tropas carlistas del general Juan Antonio de Zaratiegui, al que venció. Bardají Azara dimitió, descontento con la posición de la Regente, que trataba por todos los medios de granjearse las simpatías de los hombres de Espartero. Le siguieron en el cargo Narciso de Heredia y Bernardino Fernández de Velasco. No obstante, el 9 de diciembre de 1838, fue nombrado Evaristo Pérez de Castro. El nuevo presidente estableció reformas en la administración local que permitieron cierto nivel de intervencionismo estatal, y al mismo tiempo trató de conciliar los aspectos más negativos de la desamortización de Mendizábal con el Vaticano, especialmente receloso con la Corona española desde la muerte de Fernando VII.

La "revolución de 1840" y el fin de la regencia de María Cristina

Evaristo Pérez de Castro, presidente del gobierno moderado que impulsó la Ley de Ayuntamientos de 1840

La presentación en las Cortes por el gobierno del moderado Evaristo Pérez de Castro de la Ley de Ayuntamientos consumó la ruptura entre los partidos moderado y progresista, ya que en el proyecto además de recortar las competencias municipales, el gobierno era quien nombraba a los alcaldes,[1]​ lo que según los progresistas era contrario a la Constitución. Así los progresistas recurrieron a la presión popular durante el debate de la ley y cuando ésta fue aprobada optaron por el retraimiento y abandonaron la Cámara, desplegando una campaña desde la prensa y desde los ayuntamientos para que la regente María Cristina no sancionara la ley. Cuando vieron que la regente estaba dispuesta a firmarla dirigieron sus peticiones al general Baldomero Espartero, el personaje más popular del momento tras su triunfo en la Primera Guerra Carlista y que se mostraba más próximo al progresismo que al moderantismo.[2]​ La enorme popularidad de la que gozaba Espartero -el «pacificiador de España»- se puso de manifiesto cuando se produjo su entrada triunfal en Barcelona el 14 de junio de 1840.[3]

La Regente se trasladó entonces a Barcelona donde le ofreció a Espartero la Presidencia del Consejo de Ministros pero éste para aceptar el nombramiento exigió que María Cristina no sancionara la Ley de Ayuntamientos. Así que cuando el 15 de julio de 1840 firmó la ley se desató una grave crisis política que obligó al gobierno de Pérez de Castro a dimitir el 18 de julio,[4]​ y a partir del 1 de septiembre estallaron revueltas progresistas en muchas ciudades en las que se formaron "juntas revolucionarias" que desafiaban la autoridad de María Cristina.

El 5 de septiembre María Cristina ordenó al general Espartero desde Valencia -a donde se había marchado debido al ambiente hostil que había encontrado en Barcelona- que marchara a Madrid para que acabara con la rebelión -que sería conocida también como la "revolución de 1840"- pero éste "se negó con buenas palabras, que contenían, en el fondo, todo un programa político: la reina debía, en su opinión, firmar un manifiesto en el que se comprometiera a respetar la Constitución, a disolver las Cortes (moderadas) y a someter a las que fueran elegidas a la revisión de las leyes aprobadas en la última legislatura, entre ellas, se sobreentiende, la Ley de Ayuntamientos". Diez días después María Cristina no tuvo más remedio que nombrar presidente del gobierno al general Espartero "en la esperanza de frenar la marea revolucionaria que se había apoderado del país".[5]

La entrevista en Valencia entre Espartero y María Cristina de Borbón tuvo lugar el 12 de octubre de 1840 y durante la misma María Cristina le comunicó su decisión de abandonar la regencia y dejarle el cuidado de sus hijas, Isabel II y su hermana Luisa Fernanda de Borbón.[5]​ Ese mismo día, María Cristina de Borbón firmaba su renuncia a la regencia -y la convocatoria de elecciones- y el 17 de octubre embarcaba en Valencia rumbo a Marsella, para iniciar un exilio -"voluntario" según Juan Francisco Fuentes; "forzado" según Jorge Vilches- que iba a durar tres años.[5][6]​ Según Josep Fontana, María Cristina "rechazó en Valencia las condiciones que se le exigían y decidió renunciar a la regencia y exiliarse en Francia, no para retirarse de la política, sino para conspirar desde allí con más seguridad", como lo puso en evidencia el fracasado pronunciamiento moderado de 1841 instigado por ella.[7]

La regencia de Espartero

En realidad, Espartero no ejerció oficialmente la regencia hasta el 8 de mayo de 1841, por acuerdo de las Cortes elegidas en febrero. Con anterioridad, la regencia había sido desempeñada por el Gobierno en pleno, reunido en Consejo de Ministros, tal y como determinaba la Constitución. Con la llegada del general Espartero al poder tras la "revolución de 1840", el gobierno de España es ocupado por primera vez por un militar, situación que se haría frecuente a lo largo de los siglos XIX y XX.

Espartero para llegar al poder se había apoyado en las "juntas revolucionarias" de la "revolución de 1840", pero la vía concreta que se adoptó -que la Junta de Madrid diera unilateralmente a Espartero la facultad de formar gobierno- dividió a los progresistas porque un sector de ellos había pedido que se formara una Junta Central con representantes de las juntas provinciales que fuera la que acordara cómo se organizaría el gobierno. Una vez formado el gobierno de Espartero, los antiguos defensores de la formación de una Junta Central, llamados por ello "centralistas", defendieron que la Regencia estuviera formada por tres personas -por lo que también fueron conocidos como "trinitarios"- para así restar poder a Espartero, frente a los que defendían que fuera una sola persona, el general Espartero -por lo que también fueron conocidos como "unitarios"-.[8]

La división de los progresistas se trasladó a las Cortes que se constituyeron tras las elecciones de febrero de 1841 pues allí estaban representados los progresistas "radicales" encabezados por Joaquín María López y los "templados" dirigidos por Salustiano de Olózaga y Manuel Cortina, que entre ambos tenían la mayoría en el Congreso de los Diputados, frente a los diputados claramente vinculados al regente, los "esparteristas". Para contrarrestar la posible oposición progresista en la Cámara baja Espartero llenó de "esparteristas" el Senado, utilizando los poderes que le confería a la Corona la Constitución de 1837.[8]​ Asimismo Espartero se rodeó de militares más afectos a su persona que a la causa liberal, los llamados ayacuchos, lo que propició la contestación de algunos sectores que veían en la actitud del general más un proyecto de dictadura militar que de construcción del régimen liberal.

Ya establecido como regente en 1841, Espartero retoma las reformas pendientes desde 1837, y sigue con la desamortización, que afectaría al clero secular. Dentro de esta desamortización, además de nacionalizar bienes de la Iglesia, también nacionaliza impuestos de la Iglesia, como el diezmo. Esto supone un enfrentamiento directo con la Iglesia, una ruptura diplomática entre Roma y España (el Papa es Gregorio XVI) y el aislamiento de Espartero en Europa respecto a las potencias más conservadoras, pues sólo es apoyado por Inglaterra.

La oposición a Espartero

Espartero debe hacer frente a tres líneas de oposición:

Teniente general Diego de León.
  • Las conspiraciones moderadas, con el apoyo de María Cristina, que originan un levantamiento en octubre de 1841 que pretendía ser simultáneo en País Vasco y Madrid, donde el general Diego de León tiene que llegar al palacio real, secuestrar a la princesa Isabel y llevarla al País Vasco. El plan no funciona, porque Diego de León fracasa y además es condenado a muerte, con lo que Espartero incumple la regla de no fusilar a generales. Los intentos de sublevación de los moderados no acaban, pero siguen fracasando hasta 1843. Los artífices son el general Leopoldo O'Donnell, presidente de la Orden Militar Española, subvencionada por María Cristina; y el general Narváez, que era el cerebro de las operaciones.
  • A finales de 1841 y principios de 1842 se producen en Barcelona alzamientos juntistas, como consecuencia del proyecto de acuerdo comercial librecambista entre España e Inglaterra que era perjudicial para la industria textil catalana. Son alzamientos de carácter democrático y republicano que reivindicaban una sociedad de clases. Espartero establece el estado de sitio y bombardea la ciudad en 1842. El bombardeo supone una caída en la popularidad de Espartero.
  • Espartero también encuentra oposición en su propio partido, una oposición liderada por los miembros civiles del progresismo. Son grupos muy personalistas entre los que destacan las facciones de Manuel Cortina, Salustiano Olózaga, y el grupo más fuerte, los progresistas puros y trinitarios, encabezados por Joaquín María López y Fermín Caballero. Esta oposición merma la popularidad de Espartero mediante las críticas en la prensa. Acusaban a Espartero de anglófilo, autoritario y usurpador del trono, alegando que Espartero quería llegar a ser rey.

Mientras, durante todo este periodo, en Palacio reinaba una serie de conjuras internas por la educación de la joven reina, para quien Espartero había nombrado nuevos preceptores: Argüelles y la condesa de Espoz y Mina -primero aya y luego camarera real-, que se enfrentaron a las personalidades que seguían en contacto con la Regente, como fue el caso de la marquesa de Santa Cruz o Inés de Blake.[9]

El fin de la regencia de Espartero

Revueltas contra Espartero en Barcelona que provocaron el bombardeo de la ciudad.

Tras el bombardeo de Barcelona en 1842, la oposición al regente fue a más, incluso dentro de sus propias filas como antiguos compañeros de armas y el propio Joaquín María López.

Después de las elecciones de marzo de 1843 Espartero intentó conciliarse con los progresistas y propuso a los líderes del sector "templado" Olózaga y Cortina que formaran gobierno y cuando éstos se negaron se lo propuso al líder de los progresistas "radicales" Joaquín María López. Pero éste, que no consiguió incluir entre sus ministros ni a Olózaga ni a Cortina, presentó un programa de gobierno que incluía la declaración de mayoría de edad de Isabel II -aunque sólo tenía doce años-, lo que significaba poner fin a la Regencia de Espartero, y la «reconciliación nacional», que incluía una amnistía por delitos políticos.[10]

El gobierno de Joaquín María López, que se había constituido el 9 de mayo, duró sólo diez días. Al mismo tiempo, los generales afines a los moderados O'Donnell y Narváez se habían hecho con el control de buena parte del ejército desde su exilio. En Andalucía, moderados y liberales se conjuraron para derribar el régimen pronunciándose en su contra. Narváez se alzó en armas, junto a otros, el 11 de junio. Cuando ambos bandos se encontraron en Torrejón de Ardoz el 22 de julio, Espartero ya había perdido el poder, pues la sublevación se había extendido a Cataluña, Galicia, Valencia y Zaragoza. Espartero huyó a Cádiz y se embarcó en el crucero británico Meteor, rumbo a Londres.

La mayoría de edad de Isabel II y el inicio de la década moderada

Isabel II a la edad de 15 años

El exilio de Espartero produjo un vacío político. Joaquín María López fue restituido por las Cortes en el puesto de Jefe de Gobierno el 23 de julio y para acabar con el Senado donde los "esparteristas" tenían las mayoría lo disolvió y convocó elecciones para renovarlo totalmente -lo que violaba el artículo 19 de la Constitución de 1837 que sólo permitía hacerlo con un tercio del mismo-. Asimismo nombró el Ayuntamiento y la Diputación de Madrid -lo que también suponía violar la Constitución- para evitar que en unas elecciones los "esparteristas" pudieran copar ambas instituciones -López lo justificó así:«cuando se pelea por la existencia, el principio de conservación es el que descuella sobre todos: se hace lo que con el enfermo a quien se amputa para que viva»-.[11]

En septiembre de 1843 se celebraron elecciones a Cortes en las que progresistas y moderados se presentaron en coalición en lo que se llamó "partido parlamentario", pero los moderados obtuvieron más escaños que los progresistas, que además seguían divididos entre "templados" y "radicales" por lo que carecían de un único liderazgo. Las Cortes aprobaron que Isabell II sería proclamada mayor de edad anticipadamente en cuanto cumpliera al mes siguiente los 13 años de edad. El 10 de noviembre de 1843 juró la Constitución y a continuación siguiendo los usos parlamentarios el gobierno de José María López dimitió. El encargo de formar gobierno lo recibió Salustiano de Olózaga, el líder del sector "templado" del progresismo.[12]

El primer revés que sufrió el nuevo gobierno fue que su candidato a presidir el Congreso de Diptuados, el anterior primer ministro Joaquín María López, fue derrotado por el candidato del Partido Moderado Pedro José Pidal, que no sólo recibió los votos de su partido sino los del sector "radical" de los progresistas encabezado en aquel momento por Pascual Madoz y Fermín Caballero, a los que se sumó el "templado" Manuel Cortina. Cuando se presentó la segunda dificultad, sacar adelante la Ley de Ayuntamientos, Olózaga recurrió a la reina para que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones que le proporcionaran una Camara adicta, en vez de presentar la dimisión al haber perdido la confianza de las Cortes. Fue entonces cuando se produjo el "incidente Olózaga" que conmocionó la vida política ya que el presidente del gobierno fue acusado por los moderados de haber forzado a la reina a firmar los decretos de disolución y convocatoria de Cortes. Olózaga a pesar de proclamar su inocencia no tuvo más remedio que dimitir y el nuevo presidente fue el moderado Luis González Bravo que convocó elecciones para enero de 1844 con el acuerdo de los progresistas, a pesar de que el gobierno nada más llegar al poder a principios de diciembre había vuelto a poner en vigor la Ley de Ayuntamientos de 1840 -que había dado lugar a la progresista "revolución de 1840" que terminó con la regencia de María Cristina y la asunción de la misma por el general Espartero-.[13]

La elecciones de enero de 1844 fueron ganadas por los moderados, lo que provocó levantamientos progresistas en varias provincias en febrero y marzo denunciando la influencia del gobierno en las mismas. Así los líderes progresistas Cortina, Madoz y Caballero fueron encarcelados durante seis meses -Olózaga no fue detenido porque se encontraba en Lisboa y Joaquín María López permaneció escondido hasta que sus compañeros salieron de prisión-. En mayo el general Narváez asumió la presidencia del gobierno, inaugurando la llamada Década moderada (1844-1854), diez años en los que el Partido Moderado detentó en exclusiva el poder gracias al apoyo de la Corona, sin que los progresistas tuvieran la más mínima oportunidad para acceder al gobierno.[14]

Referencias

  1. Fuentes, Juan Francisco (2007). p. 131.  Falta el |título= (ayuda)
  2. Vilches, Jorge (2001). p. 32.  Falta el |título= (ayuda)
  3. Fuentes, Juan Francisco (2007). p. 132.  Falta el |título= (ayuda)
  4. Vilches, Jorge (2001). pp. 33-34.  Falta el |título= (ayuda)
  5. a b c Fuentes, Juan Francisco (2007). p. 133.  Falta el |título= (ayuda)
  6. Vilches, Jorge (2001). p. 35. «María Cristina entendió que había perdido toda su autoridad y que su continuidad como regente hacía peligrar el trono de su hija, por lo que renunció a la Regencia, pidiendo a Espartero que se encargara de la misma».  Falta el |título= (ayuda)
  7. Fontana, Josep (2007). p. 187.  Falta el |título= (ayuda)
  8. a b Vilches, Jorge (2001). p. 36.  Falta el |título= (ayuda)
  9. Burdiel, Isabel. Isabel II: no se puede reinar inocentemente. Madrid, Espasa, 2004.
  10. Vilches, Jorge (2001). p. 37.  Falta el |título= (ayuda)
  11. Vilches, Jorge (2001). pp. 37-38.  Falta el |título= (ayuda)
  12. Vilches, Jorge (2001). pp. 37-38.  Falta el |título= (ayuda)
  13. Vilches, Jorge (2001). pp. 38-39.  Falta el |título= (ayuda)
  14. Vilches, Jorge (2001). p. 39.  Falta el |título= (ayuda)

Bibliografía

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  • CARR, Raymond: Historia de España. Ed. Carr y Península. Barcelona, 2001.
  • CHRISTIANSEN, E.: Los orígenes del poder militar en España. 1808–1854, Madrid, Ed. Aguilar, 1974.
  • FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, 2002.
  • FONTANA, Josep: La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833–1845, Madrid, 1977.
  • TOMÁS VILLARROYA, J.: El sistema político del Estatuto Real, Madrid, 1968.
  • TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1971.
  • Vilches, Jorge (2001). Progreso y Libertad. El Partido Progresista en la Revolución Liberal Española. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-6768-4. 

Véase también

Enlaces externos


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